El número de hackeos vinculados con el robo de criptoactivos es uno de los motivos que más desalienta la adopción a la criptoeconomía. ¿De qué manera las criptoestafas están impactando en la región y cómo podemos evitar esa tendencia en Latinoamérica?
RESÚMEN:
- Durante 2022 se robaron US$3.800 millones en criptomonedas en todo el mundo, según la empresa experta en análisis de blockchain Chainalysis.
- En la mayoría de los casos explotaron vulnerabilidades de los protocolos DeFi.
- Apenas el 7% de las criptoestafas están vinculados con Latinoamérica.
- La certificación documental basada en blockchain facilita la verificación de los mismos, además de que reduce la burocracia y combate la falsificación.
La cifra resulta por demás sorprendente: la plataforma de análisis de blockchain Chainalysis, en su Crime Report 2023, identifica que durante el año pasado se robaron nada menos que US$3.800 millones en criptomonedas, que se suman a los US$26.000 millones que ya habían sido sustraídos entre 2017 y 2021.
Los protocolos DeFi son los más afectados por las criptoestafas: el 82,1% de los ataques se realizaron a través de ellos. “Estos protocolos son especialmente susceptibles a los ataques debido al uso de código fuente abierto, que si bien es útil para la seguridad, ya que permite la auditoría del código, también habilita a los ciberdelincuentes para que puedan estudiar el código y detectar oportunidades de explotación”, explican desde Chainalysis.
Por otra parte, la principal fuente de hacking proviene de Corea del Norte, donde sindicatos cibercriminales como Lazarus Group fueron responsables de casi la mitad de esos robos y criptoestafas.
Delitos parejos
¿De qué manera impacta esto en Latinoamérica? En principio, el volumen de criptoestafas registradas en la región es relativamente bajo.
“El año pasado, Latinoamérica fue la quinta región más expuesta a actividades ilícitas, con un 7% del total de la exposición mundial”, cuenta Kim Grauer, directora de investigación en Chainalysis. “Históricamente, la mayoría de los fondos fraudulentos que circularon por la región eran de entrada, es decir recibidos por billeteras electrónicas fraudulentas radicadas en alguno de estos países, aunque en los últimos meses se ha producido un aumento de los montos hackeados que salen a través de Latinoamérica”, agrega.
Según la experta, no hay un tipo específico de delito en el que nuestra región se destaque. “Más bien la cantidad de fondos ilícitos que recibe es en promedio similar a lo largo de los diferentes tipos de delitos”, aporta Grauer.
Algunos de los modelos de criptoestafas más comunes son los conocidos como:
- Phishing: engaños con estrategias de ingeniería social para que el usuario revele sus contraseñas de billeteras privadas: por esto hay que sospechar de las comunicaciones que llegan en general por correo electrónico o a través del WhatsApp y que solicitan estos datos; en estos casos, conviene comunicarse proactivamente con la entidad.
- Pump and dump: un grupo de personas utiliza redes sociales para difundir rumores positivos sobre una cripto y propiciar su compra a valores inflados.
- Rug pulls: los impulsores de la criptomoneda inflan artificialmente su valor.
- Pig Butchering: llamada también estafa romántica o carnicería de cerdos: el atacante gana confianza con el atacado a través de redes sociales o de páginas de citas y, cuando se establece el vínculo, lo estimula a invertir en criptomonedas y lo direcciona a alguna plataforma fraudulenta.
- Esquemas piramidales tipo Ponzi: cada nuevo inversor que llega debe poner un monto inicial y atraer nuevos inversores: la estafa se sostiene en tanto y en cuanto sigan entrando inversores; en Argentina hubo un resonante caso en 2022 con Generación Zoe.
- Airdrops fraudulentos: muy comunes en las DeFi, en el que se proponen recompensas en criptomonedas que, en realidad, se utilizan para que el usuario entregue al protocolo permisos de acceso.
Estafas de pequeña escala
Otro aspecto a considerar es que no se trata de una situación que afecte a empresas de determinado tamaño ni que esté relacionada con montos siderales: cualquier usuario puede ser víctima de una criptoestafa. El mismo reporte especifica que durante 2022, la transferencia promedio de las víctimas a un monedero fraudulento ronda los US$1.000, lo que habla de la gran cantidad de personas que se están viendo afectadas por este fenómeno. “La mayoría, probablemente, no sean grandes empresas ni fondos de inversión, sino gente común que invierte montos pequeños en cripto”, sostienen desde Chainalysis.
En este sentido, Latinoamérica muestra bajos niveles de capacitación y preparación, tanto en términos de cultura de ciberseguridad como en aspectos de educación financiera.
Respecto del primero de los puntos, cabe recordar que la empresa especializada en ciberseguridad ESET, en su Security Report de 2022, destacó que casi la mitad de las empresas de la región (48%) había sufrido algún tipo de incidente.
En cuanto al segundo, la búsqueda de información en sitios validados para corroborar los valores reales de las criptomonedas y su proyección a futuro antes de invertir, la creación de contraseñas seguras, la verificación de cualquier comunicación recibida antes de entregar datos personales sensibles como la contraseña o la lectura cuidadosa de los términos y las condiciones de los exchanges, en especial cuando prometen ganancias fabulosas en períodos cortos de tiempo son apenas algunas de las acciones cotidianas que los usuarios cripto latinoamericanos, y del mundo entero, omiten llevar a cabo.
Claves para combatir las criptoestafas
La paradoja es que mientras las estafas con criptoactivos continúan en ascenso, las herramientas para atacar el problema ya están disponibles. De hecho, el propio poder de blockchain podría ser la solución. “Cuando todas las transacciones se registran en un libro de contabilidad público, las fuerzas de seguridad siempre tienen un rastro que seguir, incluso años después de los hechos”, indican fuentes de Chainalysis. Por lo tanto, el cambio clave para combatir las criptoestafas es cultural. En ese sentido, la empresa proporciona datos, software, servicios e investigación a agencias gubernamentales, exchanges, instituciones financieras y compañías de seguros y ciberseguridad en más de 60 países para impulsar la investigación y resolver casos criminales con criptodivisas.
“Existe la idea errónea de que la lucha contra los delitos relacionados con criptomonedas es competencia exclusiva de los grandes organismos nacionales encargados de la aplicación de la ley o de las unidades de ciberdelincuencia de élite”, indican desde Chainalysis. “Si bien esto es cierto en casos con implicaciones para la seguridad nacional, las agencias locales pueden tomar medidas inmediatas con las herramientas disponibles y con la formación adecuada”, agregan.
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